
Informe:
Desaparición Forzada y Crímenes Concurrentes Cometidos Contra Integrantes de las FARC-EP y sus Familias
Este informe da continuidad al informe previamente presentado por la Corporación Solidaridad Jurídica: “VIOLENCIA CONTRAINSURGENTE: TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES COMETIDAS CONTRA COMBATIENTES DE LAS FARC-EP EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO”, el cual que fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el año 2020. Este informe se propuso caracterizar la política contrainsurgente que desplegó el Estado colombiano en el marco del conflicto armado interno y realizó un estudio de caso centrado en hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra combatientes de las FARC-EP; además de estos, el informe hizo referencia a otros hechos cometidos en el marco de esa política contrainsurgente entre los que están las desapariciones forzadas, tanto de combatientes de esta organización insurgente como de personas que fueron señaladas de tener vínculos con ella.
Dando continuidad a dicho informe, el presente documento se centrará en la desaparición forzada de integrantes de las FARC-EP (y en algunos casos de familiares), a raíz de una solicitud de la Corporación Humanitaria Reencuentros (CHR), organización aliada de la Corporación Solidaridad Jurídica (CSJ) e integrada por firmantes del Acuerdo Final de Paz que trabajan específicamente en el ámbito de la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado interno. En el desarrollo de su trabajo, la CHR ha conocido de casos que responden al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas y se ha encontrado con familiares que buscan encontrar a sus seres queridos, pero también conocer la verdad de lo ocurrido y que los responsables reconozcan los crímenes cometidos contra sus familiares y contra ellos mismos. Adicionalmente, la CHR, como organización que agrupa a exintegrantes de las antiguas FARC-EP y a familiares de quienes fueron desaparecidos, busca también el reconocimiento de la comisión de otros crímenes de guerra concurrentes a la desaparición forzada contra quienes integraban esta guerrilla, los cuales nunca fueron juzgados por la Justicia Penal Ordinaria (JPO) y, por tanto, tampoco fueron sancionados ni visibilizados.
Este informe sobre desaparición forzada y el primer informe entregado por la CSJ tienen tres aspectos fundamentales en común:
i) Los hechos que se narran se enmarcan dentro de la política contrainsurgente, entendida esta como “una estrategia estatal antisubversiva y soterrada. Dicha estrategia emplea el sistema penal y la Fuerza Pública para ‘neutralizar’ a lo que se considera ‘adversario’ bajo la lógica del “enemigo interno”1.
ii) Las víctimas eran combatientes de las FARC-EP, pero también sus familiares que, como se verá en el desarrollo de los casos, no solamente son víctimas directas de la desaparición de sus seres queridos, sino que también, en muchos casos, fueron víctimas de otros hechos violentos responsabilidad del Estado y/o grupos paramilitares, entre ellos la misma desaparición forzada.
iii) Los responsables de estos hechos fueron, en su mayoría, integrantes de la Fuerza Pública (Policía o Fuerzas Militares), quienes contaron además con la colaboración o aquiescencia de otras entidades del Estado, involucradas en la identificación de las personas fallecidas, como Medicina Legal, o en el esclarecimiento y/o juzgamiento de los hechos, como la Justicia Penal Militar. Entre los responsables también se identificaron privados y/o grupos paramilitares, que como se evidenciará en los casos presentados, contaron al menos con la aquiescencia del Estado.
Al tratarse de una continuidad del informe mencionado, no se abordará aquí en detalle la política contrainsurgente en su totalidad, sino solamente los aspectos específicos que lo profundizan en relación con la desaparición forzada de combatientes. El informe se estructura en ocho apartados. El primero hace referencia a la necesidad de investigar los casos y patrones que se abordarán en el informe, toda vez que los mismos nunca han sido investigados y, si lo han sido, los procesos se dieron en la justicia penal militar, por lo que no tuvieron las garantías judiciales mínimas; pues, además, debido a la persecución a la que fueron sometidas las familiares de los combatientes, se limitó su acceso a la información y a ser parte del proceso judicial. El segundo apartado aborda algunas consideraciones metodológicas específicas de esta investigación, retomando algunos aspectos del primer informe, pero especificando las particularidades de este, por tener también características diferentes, tanto los hechos victimizantes como las personas que aportan los testimonios que reconstruyen los casos. Posteriormente, se hacen algunas consideraciones jurídicas en relación con las particularidades de la desaparición forzada de combatientes para evidenciar la existencia de una política de crímenes de lesa humanidad. Los apartados cuarto y quinto enmarcan la desaparición forzada de combatientes y sus objetivos, retomando algunas referencias bibliográficas que han abordado el tema. A este propósito, es importante mencionar que no existen investigaciones académicas específicas que aborden en profundidad esta problemática, pero sí referencias en informes sobre el conflicto armado, así como algunas aproximaciones académicas al tema, principalmente desde un enfoque sociológico.
El apartado sexto hace referencia a los actores responsables de los hechos, de acuerdo con la información recolectada en los casos. A continuación, se recogen los casos documentados para el informe, detallando la información disponible, que tiene en su base las entrevistas realizadas en el desarrollo de la investigación (en el apartado metodológico se ampliará información sobre la reconstrucción de los casos). A este respecto, cabe destacar que las familias que abordaron sus casos solicitan ser acreditadas como víctimas en el Caso 008, por lo que aportarán las correspondientes solicitudes de acreditación con demandas de verdad y reconocimiento, así como solicitudes a la SRVR en relación con los hechos. Como resultado de los casos, el último apartado del informe abordará en detalle la caracterización del fenómeno de desaparición forzada de combatientes, recogiendo los patrones identificados y evidenciando cómo estos dan cuenta de la configuración de una política específica de comisión de crímenes de manera sistemática y generalizada contra quienes integraban las FARC-EP.
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